¿Puede el peronismo soñar con el futuro?

Que el peronismo está sumergido en una crisis no es novedad. Un movimiento que sabe de liderazgos fuertes —Perón mismo, Menem, Kirchner, Cristina—, hace años que no encuentra una conducción clara para llevar adelante el «poskirchnerismo». Pero la crisis no es solo de conducción sino que se entrelaza con una crisis de identidad en la que las diferentes tribus que conforman el movimiento se disputan la elección del camino que debe seguir el peronismo.

Mientras tanto la juventud cada vez se aleja más del peronismo y se acerca al liberalismo. Algunos hablan de una «derechización de los jóvenes», concepto que sirve para lavar culpas y no aceptar nuestra parte de responsabilidad. Pongámonos por un rato en los zapatos de un joven de 20 años. Lo único que ha conocido desde que tiene uso de razón es un país que no crece (no lo hacemos desde 2011), donde los precios suben todos los meses y el cepo y las trabas a las importaciones no le permiten comprar las cosas que quiere. El futuro no pinta mucho mejor: si consigue trabajo posiblemente sea en negro y con un sueldo que no alcance para vivir dignamente. Es en este contexto que los jóvenes dicen «ya les dimos muchas oportunidades y nos fallaron, probemos otra cosa». Milei no es un extraterrestre que un día llegó a Argentina sino un producto de la imposibilidad de los partidos tradicionales (no solo el peronismo) de darle a los jóvenes un país normal y un horizonte de futuro.

Si miramos las propuestas de los diferentes sectores del peronismo queda claro que lo único que tenemos para ofrecer son retroutopías que intentan volver a un pasado que fue mejor. Un pasado que las generaciones jóvenes ni siquiera vivieron. Las más modestas de estas retroutopías proponen un regreso al 2010, las más osadas que volvamos a 1945. Como si nada hubiera pasado en el medio. Como si el país y el mundo fueran el mismo.

«Hay que volver a la doctrina peronista» se repite casi como un mantra. La mayoría podemos estar de acuerdo pero el problema comienza cuando nos preguntamos qué significa exactamente «volver a la doctrina». Para algunos sectores que se identifican como «ortodoxos» parece significar que hay que repetir lo que hizo Perón entre 1946 y 1955 sin modificar una coma. Sin embargo, el General en su Manual de Conducción Política nos dice:

«Las doctrinas no son eternas sino en sus grandes principios, pero es necesario ir adaptándolas a los tiempos, al progreso y a las necesidades. Y ello influye en la propia doctrina, porque una verdad que hoy nos parece incontrovertible, quizá dentro de pocos años resulte una cosa totalmente fuera de lugar, fuera de tiempo y fuera de circunstancias.»

Perón nos invita a identificar estos grandes principios y a diferenciarlos de lo que puede ir cambiando con el tiempo. Para ello es necesario entender el contexto histórico y geopolítico en el que se tomó cada decisión. Pensemos, por ejemplo, en el estatismo que algunos ven como una propiedad intrínseca del peronismo. No es posible separar al primer peronismo de la geopolítica de la posguerra, que nos marginó de las inversiones y los apoyos comerciales de Estados Unidos. En ese contexto, la fuerte presencia estatal en la economía surge más como una necesidad que como una parte constituyente del peronismo. De hecho, cuando Perón se dió cuenta que con las inversiones estatales no iba a alcanzar para desarrollar el sector petrolero no tuvo problema en firmar un contrato con la Standard Oil de California. Tampoco le tembló el pulso en 1952 para aplicar medidas de «ajuste» que permitieran corregir desequilibrios y bajar la inflación.

Pero entonces, ¿cuáles son esos grandes principios eternos en los que se sustenta la doctrina justicialista? Es un tema para debatir un rato largo pero a fines de mantener la brevedad voy a plantear cinco puntos que considero fundamentales:

1. El peronismo es una doctrina cristiana y humanista. Tiene como eje a la dignidad de la persona humana pero no desde una posición individualista sino como parte de una comunidad en la que puede realizarse y realizarla en simultáneo.
2. El peronismo busca el desarrollo del país a través de la industrialización
3. El peronismo tiene su base social en la clase trabajadora y cree en el trabajo como un valor ordenador
4. El peronismo es nacionalista
5. El peronismo tiene tres banderas: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social Teniendo en cuenta estos grandes principios en las siguientes secciones vamos a pensar en diferentes aspectos de la Argentina del futuro.

Tenemos que tomarnos en serio la macro

El peronismo hoy a los ojos de buena parte de la sociedad está asociado con la inflación alta. La elección de Milei terminó de dejar en claro un fenómeno que ya se venía viendo: nadie quiere vivir con inflación porque te desordena la vida y te impide planificar a largo plazo. La inflación ataca con más fuerza a los pobres, que tienen ingresos en negro que no se ajustan con la misma velocidad que los registrados. Por eso el compromiso del peronismo tiene que ser con una macroeconomía ordenada, porque sin esto no hay justicia social. Néstor Kirchner lo dijo claramente en su discurso de asunción, el 25 mayo de 2003:

«El país no puede continuar cubriendo el déficit por la vía del endeudamiento permanente ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos.»

Esto no significa que haríamos las cosas igual que el gobierno de Milei. No se puede arreglar la macro a costa de dejar a argentinos sin trabajo, pagar jubilaciones de miseria o liquidar la industria nacional. Hay otras maneras de equilibrar la macro, y el peronismo lo ha hecho antes, como muestra la experiencia de Perón en el ‘52.

La principal causa de la inestabilidad en nuestra economía ha sido la falta de dólares, que resulta en un freno para el desarrollo del país. El ciclo negativo empieza por una apreciación del peso que abarata las importaciones e impulsa la dolarización de ahorros, presionando sobre las reservas del Banco Central que se desangran buscando sostener el tipo de cambio. La respuesta que hemos probado una y otra vez es cerrar importaciones y poner límites a la compra dólares, el famoso «cepo». Y las consecuencias son siempre las mismas: se genera una cotización paralela del dólar más alta que la oficial, las inversiones extranjeras disminuyen dado que ya no se pueden llevar las ganancias y las empresas tienen problemas para importar insumos. Todo esto lleva a que la economía se estanque, como venimos viendo desde que se implementó el cepo en 2011.

Hay una alternativa a este círculo vicioso en el que caemos una y otra vez: generar más dólares exportando más y dar los incentivos correctos para que los ahorros no se dolaricen sino que apuesten por el peso. En el mediano plazo, si se cumpĺen las estimaciones, Vaca Muerta podría ingresar una cantidad de dólares similar a la que hoy ingresa el campo, con la ventaja de no tener fluctuaciones debido al clima y la época de cosecha. Claro que esto no va a suceder por inercia, se necesitan inversiones en oleoductos, gasoductos, plantas de licuefacción y puertos. No es el único sector que puede aumentar las exportaciones, también tenemos la minería (muy poco desarrollada aún en el país y con un potencial enorme), el campo y algunas industrias.

Sin embargo, si no solucionamos los problemas que tenemos ninguna cantidad de dólares va a ser suficiente. En primer lugar, necesitamos que los argentinos confíen en el peso y lo elijan para sus ahorros, en lugar del dólar. No es que el argentino ahorre en dólares porque sea un «vendepatria», lo hace porque es la única manera que tiene de más o menos conservar el valor de su plata. Si les ofrecemos herramientas de ahorro —como el plazo fijo— que convengan más que comprar dólares, la mayoría lo va a utilizar. Para que convenga más necesitamos que las tasas que pasen sean mayores a la inflación —lo que se conoce como «tasas reales positivas»—. Parece algo simple pero durante las últimas dos décadas casi no tuvimos períodos con tasas reales positivas.

El segundo aspecto a corregir tienen que ver con los desequilibrios de la estructura productiva, es decir la convivencia entre unos pocos sectores competitivos que producen dólares —el campo, los hidrocarburos— con otros muchos que dependen en gran medida de insumos y maquinaria importada —textil, electrónica, etc— y que por lo tanto consumen dólares. Estos sectores poco competitivos, sin embargo, están entre los que más trabajo generan, por lo que cerrarlos no es una opción. ¿Qué podemos hacer con ellos?

Industrializar como si fuera el siglo XXI

«No exportemos cuero, exportemos zapatos», decía Manuel Belgrano, prócer de la Patria y uno de los primeros pensadores económicos de la Argentina. Hay una línea que conecta ese pensamiento —nacionalista, industrialista— con el del peronismo. La industrialización por sustitución de importaciones —la forma en que se materializó la búsqueda de la «independencia económica»—, tenía como objetivo disminuir la dependencia extranjera y crear trabajo. Cuando exportamos una materia prima sin industrializar estamos creando trabajo en otro país que se encargará de industrializarla por nosotros. Industrializar Argentina es crear trabajo para los argentinos.

El país agroexportador, con el que sueñan los sectores liberales, es un país para 20 millones de argentinos, no para los 45 millones que somos. El campo, la minería y el petróleo son claves para el país por los dólares que ingresan pero no son intensivos en mano de obra. O, en criollo, no le pueden dar trabajo a todo el mundo. Necesitamos de la industria y de los servicios.

El desafío es pensar una industrialización para el siglo XXI, en un mundo globalizado, hiperconectado y con industrias deslocalizadas. En nuestras habituales oscilaciones pasamos de abrir totalmente las importaciones, causando la desaparición de miles de empresas y puestos de trabajo, a aplicar políticas proteccionistas fuertes y cerrar totalmente nuestro mercado pero sin un objetivo claro. El régimen de Tierra del Fuego es el exponente más acabado de una mala política industrial: implica un costo altísimo para sostener —artificialmente— una industria dedicada a ensamblar productos electrónicos fabricados en otro país. No hay valor agregado, no se adquieren capacidades y no es sostenible sin subsidios. TdF es clave desde un punto geopolítico y es lógico que existan políticas productivas para fomentar su desarrollo pero deben estar orientadas hacia sectores en los que podríamos ser competitivos.

Los objetivos de la política productiva tienen que ser agregar valor a nuestra producción, desarrollar las economías regionales y mejorar la competitividad. Para esto tenemos que usar las mejores herramientas que tenemos en cada momento, con pragmatismo y sin preconceptos. Si el mercado puede hacerlo, adelante; si se necesita una empresa estatal o mixta, se hace. La inversión privada, ya sea nacional o extranjera, no es en sí misma un riesgo para la Independencia Económica si se logra dirigir hacia el objetivo que buscamos.

Casi todos los países desarrollados han llegado a serlo aplicando políticas proteccionistas en algún momento de su historia. Pero la clave está en que ese proteccionismo tiene que tener un objetivo: lograr industrias competitivas que puedan sostenerse por sí mismas en algún momento. Luego de décadas de proteccionismo, ¿de cuántas industrias podemos decir que se sostendrían si mañana bajamos los aranceles? La burguesía industrial tiene que asumir un compromiso a cambio de la protección que el Estado les da: aumentar la productividad y ser competitivas. Los países asiáticos muestran un posible camino para hacer esto, la disciplina exportadora. Las industrias que exportan tienen que competir con las de otros países y solo aquellas que mejoran su productividad pueden hacerlo. La industrialización por sustitución de importaciones tiene un techo bajo en nuestro país porque nuestro mercado es relativamente chico. Esto nos impide en muchas industrias lograr una economía de escala, es decir que las empresas reduzcan sus costos al producir en gran cantidad. Exportar nuestros productos industriales nos permitiría no solo aumentar el potencial mercado sino también ingresar más dólares. Sin dudas habrá excepciones, como el sector textil, que es muy importante en cuanto a mano de obra pero tienen pocas posibilidades de ser competitivo a nivel internacional. Pero el objetivo tiene que ser que sean cada vez más excepcionales y no la norma. También es importante resaltar que exportar más no se contrapone a tener un mercado interno fuerte, hay que conciliar las dos cosas. Si se generan tensiones se tienen que resolver produciendo más, no introduciendo restricciones a las exportaciones.

Yendo un paso más allá, deberíamos dejar de hablar de políticas industriales para hablar de políticas productivas en un sentido amplio. Esto significa dejar de lado la falsa dicotomía entre campo e industria y pensar en políticas que busquen el desarrollo de toda nuestra producción en su conjunto. El sector primario genera un ecosistema de industrias a su alrededor que no existirían de otra manera, desde los insumos y equipos (semillas, fertilizantes, camionetas, tractores, cosechadoras, etc) hasta la industrialización (alimentos, cosmética, etc). Algo similar ocurre con los servicios y la industria. Algunos sostienen que en pleno 2025 no tiene sentido industrializarse, que deberíamos pasar directamente a ser una sociedad de servicios como está sucediendo en los países desarrollados. Sin embargo, cuando uno mira estos países, que algunos llaman «postindustriales», lo que vemos es que muchos de estos servicios se apoyan en una base productiva real. Desarrollan software para la minería porque existe un sector minero, hacen logística porque se producen productos que hay que mover, etc. En resumen, Argentina necesita de todos sus sectores para desarrollarse. Es con el campo, la industria, la minería, el petróleo y los servicios que lo vamos a lograr, no con uno solo de ellos.

Para conseguir la «independencia económica» que busca el peronismo, es necesario lograr la independencia tecnológica. Esto, que es de gran importancia en cualquier industria, se torna directamente indispensable en áreas sensibles para la soberanía nacional como pueden ser la generación de energía o la fabricación militar. En este sentido, tenemos lecciones para aprender de la historia de la energía nuclear en Argentina. Cuando se crearon las primeras centrales nucleares, en lugar de un sistema de compra «llave en mano», como el que pretendían las empresas extranjeras, logramos que se abra el paquete tecnológico y de esta manera generar capacidades en el país. Esas capacidades son las que hoy nos permiten ser uno de los únicos países del mundo que está desarrollando un reactor modular de tecnología propia. En contraposición, el sistema nacional de defensa depende en gran medida de tecnología extranjera, lo cual nos trae inconvenientes como el embargo que el Reino Unido ejerce sobre nuestro país y que impide que otros países nos vendan material bélico sin pedirles autorización. Fortalecer la industria militar a través de las empresas públicas, como Fabricaciones Militares y FADEA, surge como una necesidad.

La política científico-tecnológica no puede pensarse como algo independiente sino que debe estar alineada con los objetivos económicos, energéticos, sociales y de defensa del país. Relacionado a esto, en el Segundo Plan Quinquenal podemos leer:

«El general Perón auspicia la investigación científica privada, de las universidades y del Estado, pero establece una condición que fue la que no comprendió ese sector de los investigadores técnicos y científicos, que es la ciencia al servicio del Pueblo, y que es la ciencia al servicio de los fines del gobierno, que, a fin de cuentas, no es más que una expresión del Pueblo sirviendo al Pueblo.»

Durante el primer peronismo la política científico-tecnológica estuvo más orientada a la técnica que a la ciencia básica, así fue como se crearon organismos que siguen siendo muy importantes al día de hoy como CNEA, IAA, CNICyT (ahora CONICET) y CITEFA (ahora CITIDEF). Hoy sabemos que la ciencia básica es tan necesaria como la tecnología. En primer lugar porque muchos desarrollos tecnológicos salen de estudios de ciencia básica que en principio no tenían una aplicación concreta. En segundo lugar porque la ciencia básica nos ayuda a entender mejor nuestro país y el mundo. Conocer nuestra flora y fauna, nuestra geología o nuestros mares se torna cada vez más importante. Por esto es que la inversión en tecnología no debe hacerse en detrimento de la ciencia básica sino que ambas deben crecer en paralelo.

La política tecnológica nos invita además a ser ambiciosos otra vez. Durante los años ‘50 y ‘60 se crearon la mayoría de los organismos tecnológicos que existen hoy, buscando promover la investigación en sectores claves para el país: el campo (INTA), la industria (INTI), la energía nuclear (CNEA), la defensa (CITIDEF), la soberanía antártica (IAA), etc. Desde entonces, a pesar de los grandes cambios tecnológicos, no se han creado nuevas instituciones tecnológicas sino que los nuevos temas han sido absorbidos por las instituciones existentes (casi siempre CONICET). El problema de esto es que CONICET es un organismo enfocado principalmente en la ciencia básica, con una lógica muy diferente a los entes tecnológicos. Una política científico-tecnológica ambiciosa debe tener como uno de sus objetivos crear nuevos organismos tecnológicos en áreas como las energías renovables, el litio y la inteligencia artificial.

Una de las deudas pendientes del sistema científico-tecnológico público es que sus desarrollos tengan un impacto en el sector productivo. El área de vinculación de CONICET ha tenido avances en ese sentido en las últimas décadas pero aún resultan insuficientes. Se necesita de una nueva institución que haga de nexo entre las dos partes, a semejanza a la Sociedad Fraunhofer en Alemania o los Catapult Centres en Reino Unido. La interacción público-privado es fundamental para el desarrollo de la ciencia argentina. Es claro que la política científico-tecnológica nacional necesita de más inversión directa del Estado, que hoy está muy por debajo de los estándares internacionales, pero también es necesario fomentar un ecosistema de empresas privadas de base tecnológica. Para esto es clave utilizar un abanico amplio de herramientas, que no incluyen solo los entes estatales sino también los subsidios a la inversión en I+D, el «poder de compra del Estado» y la constitución de empresas mixtas, como INVAP y Y-TEC.

La casa común

Uno de los desafíos más importantes de este siglo es compatibilizar el desarrollo con el cuidado del ambiente, de esa «casa común» de la que nos habla Francisco en Laudato Si’. Allí Francisco nos recuerda que «no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza». Es cierto que no somos los principales responsables del Cambio Climático (ese galardón le cabe a las grandes potencias industriales) pero eso no implica que no tengamos problemas ambientales que solucionar, como la gestión de los residuos, la desforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua, la tierra y el aire. Estos problemas ambientales afectan más a los sectores más vulnerables, es por eso se dice que sin justicia ambiental no hay justicia social. Pero lo opuesto también es cierto: «sin justicia social, no hay justicia ambiental», es decir que el peronismo no está representado en el ambientalismo liberal de algunas ONGs que, con justicia, se preocupan por los pingüinos empetrolados pero al mismo tiempo son totalmente indiferentes con los pibes revolviendo la basura o los argentinos que no encuentran empleo. En Modelo Argentino, Perón plantea que «la justicia social debe exigirse en la base de todo sistema» para dar «prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionar el consumo de recursos naturales y disminuir al mínimo posible la contaminación ambiental».

Las tensiones entre el desarrollo y el ambiente son evidentes, como vimos en la oposición que levantaron proyectos como la explotación de petróleo offshore en Mar del Plata, las salmoneras en Ushuaia o la minería en Chubut. Si queremos que los argentinos vivan cada vez mejor necesitamos explotar nuestros recursos pero también es cierto que esto no puede hacerse a expensas de degradar al ambiente hasta un punto de no retorno que tendrá consecuencias negativas en muchos aspectos, incluido lo económico. Es necesario encontrar un justo punto medio. No hay soluciones mágicas en estos casos pero sí hay algo que sabemos por experiencia que no funciona: intentar imponer medidas que no tienen consenso popular. Los mejores resultados siempre se obtuvieron brindando información clara al público y negociando. Es decir, haciendo política. El desafío ambiental no tiene necesariamente que ir en contra de nuestro desarrollo productivo sino que puede (y debe) representar una oportunidad de desarrollar nuevos sectores, tal como lo resalta Francisco «sino tenemos estrechez de miras, podemos descubrir que la diversificación de una producción más innovadora y con menor impacto ambiental, puede ser muy rentable. Se trata de abrir camino a oportunidades diferentes, que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos.» En este sentido tenemos delante nuestro la posibilidad de exportar gas, que es considerado un «combustible de transición», o reactores nucleares que serán claves en la era pospetróleo. Contamos con reservas claves de cobre y litio, a los que podemos agregar valor para fabricar baterías y autos eléctricos. Las energías renovables, como la eólica, solar y mareomotriz, también abren oportunidades interesantes para nuestro país. A esto le podemos sumar la posibilidad de crear nuevos materiales biodegradables y de desarrollar la economía circular.

El trabajo y la política social

La bandera más importante del peronismo, sin dudas, es la Justicia social, es decir, la garantía de que todos los argentinos tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos sin importar su origen social o económico. Durante el peronismo clásico esto se vio plasmado en la ayuda social por parte del Estado y en nuevos derechos, como el voto femenino, la patria potestad compartida, la gratuidad universitaria y el estatuto del peón rural, entre otros. A pesar de lo que sostienen algunos sectores ortodoxos ahora, el peronismo nunca fue conservador en lo social. Durante el kirchnerismo la justicia social cobró la forma de la beca Progresar, el plan Conectar Igualdad y nuevos derechos como el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. Pero, posiblemente, la mejor política social de este período fue la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este tipo de asistencia que no requería la intermediación de punteros fue uno de los grandes legados del gobierno y, a su vez, significó el fin de una forma de hacer política de la que el peronismo había hecho uso. Parte del peronismo de base quedó desorientado cuando la asistencia social dejó de pasar por ellos. A esto se le sumó otro fenómeno que fue la migración de la discusión política de las calles reales a la «calle online». Milei fue electo presidente sin «caminar el país» y sin ni siquiera tener estructura orgánica en la mayoría de las provincias, algo impensado años atrás y que nos lleva a repensar cómo tiene que ser la militancia peronista en el siglo XXI. ¿Es volviendo a las calles que vamos a convencer a los que no nos votan? ¿O tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades?

Volviendo al tema de la ayuda social, para el peronismo la mejor política social siempre va a ser crear trabajo. Durante el peronismo clásico, a través de la industrialización, se logró crear empleos registrados con buenas remuneraciones y gremialización. La realidad hoy es bastante diferente, el empleo industrial ha perdido peso, los trabajadores en negro son más del 40% y ha aparecido un nuevo sujeto político: el trabajador de plataformas. Sin embargo, pareciera que el peronismo no tiene propuestas para estas nuevas realidades.

Los trabajadores de plataformas digitales, como los repartidores de comida o los Uber, no cuentan con ningún tipo de regulación. Estamos hablando de trabajadores precarizados que no tienen aportes previsionales, obra social ni licencias. Las plataformas enmascaran una relación de dependencia en la forma de un falso cuentapropismo para desentenderse de sus obligaciones.

La economía informal durante los últimos 20 o 30 años ha adoptado en muchos casos la forma de la economía social, donde participan cooperativas, emprendimientos familiares y servicios comunitarios con la característica común de tener poco capital y baja productividad. Es necesario que el peronismo se plantee qué hacer con estos sectores, si pueden ser absorbidos por el sector formal o si se debe trabajar en mejorar sus condiciones laborales (no se trata de opciones excluyentes, claro). Dentro del marco de una política industrial que desarrolle la economía circular no sería descabellado pensar, por ejemplo, en formalizar a los cartoneros que actuarían como primeros actores de ese circuito.

Si bien hasta ahora hablamos de los sectores informales, esto no significa que no haya aspectos que mejorar de la legislación para los trabajadores registrados, donde supimos ser pioneros en otorgar derechos y hoy corremos detrás de otros países de la región. Las vacaciones pagas estipuladas por ley están entre las más cortas del continente (14 días), al igual que las licencias paternas (5 días), mientras que la jornada laboral está entre las más largas (48 hs). Si bajamos la jornada de 48 a 40 hs no solo le estaríamos dando al trabajador más tiempo para pasar con su familia sino que estaríamos creando nuevos puestos de trabajo para completar esas horas.

Por último, es necesario que nos planteemos si el marco legal actual es el adecuado para crear trabajo registrado, o si necesitamos una reforma de las leyes laborales o de los convenios sectoriales. Defendemos demasiado un statu quo que no funciona para la mitad de los trabajadores argentinos. Esto no significa, claro, que nuestra reforma laboral vaya a ser igual que la que propone el liberalismo. El objetivo de una reforma peronista siempre va a ser cuidar al trabajador y ampliar la base de trabajadores con derechos.

El rol del Estado

La llegada del liberalismo al gobierno puso sobre la mesa la cuestión del rol del Estado. Tanto es así que Cristina en su documento «Argentina en su tercera crisis de deuda» dice:

«Estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado, y que no basta con la consigna del “Estado presente” para resolver los problemas del país, que son demasiados. Se debe analizar y controlar la correcta asignación de recursos para poder corregirla, en caso de ser necesario.»

Esto marca una distancia con lo que sostenía el kirchnerismo hasta no hace tanto e incluso con el discurso actual de Axel. El consenso de la época parece ser que el Estado argentino hace muchas cosas pero no demasiado bien. Aquí podemos poner un asterisco para señalar que para que exista un salto cualitativo se necesita más presupuesto y eso, en gran medida, se logra solo con crecimiento. Preguntarse si un Estado se desarrolla porque brinda educación de calidad o puede bancar hacerlo recién cuando llegó a cierto desarrollo económico es como preguntar si primero fue el huevo o la gallina. En realidad las dos cosas se retroalimentan y crecen en paralelo. Pero esto no puede ser una excusa para no hacer las cosas mejor hoy. El Estado puede y debe ser más eficiente y también tiene que aprender a priorizar.

Una de las claves para mejorar la eficiencia del gobierno es la profesionalización de su burocracia. Aunque muchas veces usemos la palabra «burocracia» en un sentido despectivo, ésta hace referencia al conjunto de los servidores públicos que hacen posible que el Estado funcione. Todos los países desarrollados cuentan con burocracias basadas en el mérito, la racionalidad y la continuidad. Por eso es necesario jerarquizar a los empleados estatales mediante concursos públicos de antecedentes y oposición y capacitación constante.

El caso de las empresas públicas también merece atención. Es cierto que su único fin no puede ser el lucro, ya que en muchos casos también cumplen una función social, pero tampoco pueden ser un agujero negro en el presupuesto nacional. ¿Puede ser una buena idea tener un ente que centralice la gestión de las empresas estatales, homogeneizando prácticas y management? ¿Pueden las empresas mixtas ser una solución, que inyecte eficiencia de mercado?

La motosierra libertaria vino a recortar regulaciones a diestra y siniestra, sin demasiado criterio. Pero tenemos que reconocer que nosotros nos enamoramos de las regulaciones y del Estado kafkiano. A veces parece que le queremos complicar la vida a la gente, cuando debería ser al revés. Tener un Estado simple no debería ser una bandera que le regalemos al liberalismo. Tenemos que ocuparnos de que cada vez que el ciudadano tiene que interactuar con el Estado sea una experiencia lo menos complicada posible. En este sentido también se inscribe la reforma del sistema impositivo que debe ser simple y progresivo. Que los impuestos sean pocos y fáciles de entender, que no se castigue al que produce y que el más tiene, pague más.

Un país federal

Argentina es un país macrocefálico, con casi el 40% de su población concentrada en la zona del AMBA que ocupa el 0,4% de la superficie. El conurbano bonaerense es el principal destino de las migraciones internas que buscan trabajo o mejores condiciones de vida. Es una obligación moral de cualquier plan de desarrollo que ningún argentino se vea obligado a dejar su tierra para realizarse.

A esto se le suma que el peronismo nacional se ha convertido en un partido que hace política desde y para el AMBA. A esto se le suma una constelación de gobernadores que no tiene ambiciones más allá de sus provincias. El resultado es el que vemos, un peronismo que desde hace años no piensa en un desarrollo armónico del país.

En primer lugar, es clave que el Estado invierta en infraestructura. Todos los argentinos deben tener acceso a los servicios básicos, a las telecomunicaciones y a un sistema de transporte que funcione adecuadamente. El transporte es especialmente importante además porque impacta en la productividad de las provincias. La logística es uno de los elementos principales del «costo argentino» y hacen que en muchas ocasiones sea más barato traer algo desde Shanghai que desde una provincia. Hoy Argentina gasta cerca del 27% de su PBI en logística, muy por arriba del promedio de la OCDE que está en 10%. Necesitamos un Estado que invierta en trenes, puertos y marina mercante. Esto va a desplomar el costo logístico pero además tendrá efectos multiplicadores en la actividad económica, creando empleos directos e indirectos.

La segunda parte de un plan de desarrollo federal tiene que tener como objetivo agregar valor cerca de donde se producen las materias primas. Un país que produce materias primas en las provincias y las industrializa en el AMBA es un país que solo retroalimenta su disfuncionalidad. Crear un ecosistema privado vigoroso en las provincias es condición necesaria para su desarrollo.

En cuanto a la relación entre el Estado nacional y las provincias es necesario pensar un nuevo contrato entre las partes, donde quede en claro la fuente de ingresos y las funciones de cada uno. Hoy tenemos un sistema con impuestos y funciones superpuestos, lo que también contribuye a su falta de eficiencia. Por otro lado, el Estado Nacional se encuentra concentrado en el AMBA hasta el punto de la ridiculez. Que casi todos los entes y empresas públicas tengan su sede central en Buenos Aires va en contra de toda lógica racional. El Instituto Antártico Argentino debería tener su sede central en Ushuaia, YPF en una provincia petrolera, el INTA en una provincia agropecuaria, y así podríamos seguir durante varios párrafos. Por último, hay que revisar el sistema de subsidios nacionales que hace que un usuario del AMBA pague 300 pesos de colectivo mientras uno del interior paga más de 1000. No hay razones objetivas para que existan argentinos de primera y segunda categoría.

Un futuro posible

Este documento intenta plantear algunas ideas para el futuro del peronismo, que no se queden en volver a un pasado que fue mejor sino que intenten construir una Argentina para el siglo XXI. Una Argentina con inflación baja; con un sistema impositivo simple y donde el que más tiene, más paga; una Argentina innovadora, que produce más y con más valor agregado, le vende más al mundo y lo hace cuidando el ambiente. Un país que busca crear trabajo y mejorar la vida de los trabajadores; con un Estado eficiente, que cumple adecuadamente sus funciones básicas (educación, salud y seguridad) e interviene inteligentemente para dinamizar la economía de todo el país.

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La mayoría de estas ideas salieron de conversaciones con compañeros, especialmente con el grupo Productivistas. Si alguna te gustó seguramente me la robé, si te pareció mala seguro se me ocurrió a mí. Este es un texto vivo que probablemente vaya mutando en el tiempo.